Las sanciones linguisticas

Las sanciones lingüísticas

Al margen de lo que pueda tener de singular que un partido utilice un artículo de opinión en un diario digital -vinculado en este caso al periodista Federico Jiménez Losantos-, para ofrecer su ayuda jurídica contra las sanciones lingüísticas en Catalunya, el fondo del asunto está totalmente justificado.El vehículo utilizado podría sugerir unas extrañas complicidades políticas, pero eso no es obstáculo para que sea muy oportuna la denuncia del régimen lingüístico sancionador existente en Catalunya.Porque una cosa es la defensa de la lengua catalana contra las agresiones -que las hay, y muy potentes-, y otra muy distinta pretender imponer una lengua mediante la imposición -y valga la redundancia- de sanciones.El asunto es aún más grave en una sociedad como la catalana, que ha dado sobradas muestras de madurez lingüística y de su capacidad para el mestizaje, en éste y en otros ámbitos.Ese afán de intervencionismo, ese autoritarismo lingüístico, únicamente va en perjuicio de una sociedad como la catalana, que no necesita que los políticos metan sus manos en un asunto como la lengua que, libremente, practican los ciudadanos.¿No saben estos burócratas de la lengua, estos policías lingüísticos, que la lengua es algo tan delicado, tan vivo y tan rico que no puede imponerse? ¿No se dan cuenta de que lo que están haciendo es contraproducente?Y es contraproducente porque están provocando reacciones de rechazo en ciudadanos interesados en aprender y utilizar libremente la lengua catalana. Es decir, están logrando justamente lo contrario de lo que dicen pretender.Estos burócratas no se dan cuenta de que matar la libertad lingüística, como están haciendo, es crear tensiones donde hasta ahora sólo había normalidad, mestizaje, entendimiento y buena voluntad.Las sanciones lingüísticas están absolutamente en contra de los criterios que configuran una sociedad libre. Y si estos policías lingüísticos han hecho leyes dirigidas contra la libertad de los ciudadanos, basta con derogar esas leyes y destituir a esos policías de los puestos que ocupan.
Antonio Galeote